Una legislación en materia de vivienda, que aún hoy sigue gobernando en Colombia, es una de las herencias buenas que dejó la crisis financiera de finales del siglo pasado en el país, cuando cientos de personas quedaron sin empleo y golpeadas por una amplia inflación se vieron obligadas a devolver a los bancos los inmuebles que habían financiado. Una época donde hubo un amplio apetito por el crédito. La cual establece los % máximos de financiación de vivienda: 70 por ciento para vivienda mayor a VIS, 80 por ciento para vivienda VIS y una tasa límite para los créditos que fija la Junta Directiva del Banco de la República.

Hoy la dinámica de la economía del país, que no crece al ritmo esperado, (2,8 % en el primer trimestre del año), se frena principalmente por el poco valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-8,8 %).  Razón por la cual el gobierno quiere darle impulso con una iniciativa con la que busca facilitar el acceso a la vivienda no VIS aumentando el porcentaje de financiación de 70 a 90 por ciento.

Esta propuesta del Ministerio de Vivienda, liderado por Jonathan Malagón, para reactivar el sector. En la pasada convención bancaria, señaló que con esta estrategia se quiere enviar un mensaje de confianza a los constructores y a los compradores: “Nuestro objetivo es llegar a las 130.000 unidades anuales”, explicó el ministro de Vivienda. 

No obstante, analistas económicos señalan que la propuesta, que tendría que ser reglamentada y aprobada a través de un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), debe ser mirada con cuidado.

Para el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry la Ley de Vivienda que solucionó la crisis del Upac generada por el amplio endeudamiento de las familias que podían tener casa propia solo con el 10 % de cuota inicial, la propuesta para impulsar el sector de la vivienda es una “equivocación” .